La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada el pasado 20 de febrero, tiene como objetivo fomentar una cultura de la integridad y transparencia en la sociedad española a través de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y corrupción.
El sector público está especialmente implicado en el cumplimiento de esta ley, ya esta nueva norma se constituye como un nuevo mecanismo garante de la transparencia y la responsabilidad en la gestión y uso de los recursos públicos. Las medidas propuestas en esta ley son un paso más hacia la articulación de modelos de gobernanza transparentes.
Por su parte, para el sector privado, esta ley establece una serie de disposiciones para evitar la corrupción y el incumplimiento de las normativas en el ámbito empresarial, asegurando así la competencia leal, la protección de los derechos de los consumidores y el buen gobierno corporativo.
A continuación te explicamos los detalles de esta nueva regulación, desde las medidas establecidas hasta quiénes están obligadas a cumplirla.
¿Quién tiene la obligación de cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero?
En términos generales, esta ley se aplicará a las personas informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. Esto incluye: personal trabajador por cuenta ajena, personas en régimen de autoempleo (autónomos/as), accionistas, miembros (ejecutivos o no) de comités directivos de empresas y cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
La Ley 2/2023 también es de aplicación para cualquier persona cuya relación contractual ya esté finalizada; pertenezca a un cuerpo de voluntariado; se haya incorporado a una entidad a partir de una beca; sea trabajador/a en periodo de formación (con o sin remuneración) y para aquellas personas cuya relación laboral con una entidad no haya comenzado, pero ha obtenido información sobre infracciones en su proceso de selección o de negociación precontractual.
En el caso de las entidades, están obligadas a implementar las medidas que impone la ley aquellas empresas con más de 50 trabajadores/as; las que se dedican a proveer servicios, productos y mercados financieros, a la prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte y la protección del medio ambiente; así como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.
¿Qué medidas establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero para el sector público y privado?
Las principales medidas establecidas en la Ley 2/2023 tanto para el sector público como el privado son las siguientes:
- Creación de sistemas internos de información: tanto para las entidades públicas como privadas, es obligatorio establecer sistemas internos de información que permitan a las personas informantes ejercer su derecho a denunciar con todas las garantías. La creación y gestión de estos sistemas de información puede externalizarse a personal experto externo, como prevé la ley.
- Implementación de medidas de prevención y detección: de obligada instauración, estas medidas deben estar diseñadas de acuerdo con el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización y deben ser revisadas y actualizadas con regularidad. Las medidas incluyen la elaboración de códigos de conducta, la designación de responsables de cumplimiento normativo, la realización de auditorías internas y la formación del personal en materia de integridad y cumplimiento normativo, que en cualquier caso la integración de todos estos elementos en la estructura de la organización también puede externalizarse a una tercera parte.
- Protección de los denunciantes: la ley establece un régimen de protección para los denunciantes de infracciones normativas y corrupción. Para ello el documento legislativo prevé la creación de una Oficina de Protección de Denunciantes, que será un órgano independiente encargado de recibir, tramitar y proteger a las personas que denuncien infracciones.
- Canales seguros y confidenciales: la ley plantea la obligación de que se establezcan canales seguros y confidenciales para que las personas puedan comunicar sus denuncias con el fin de que las personas puedan ejercer su derecho a denunciar sin sufrir represalias.
- Sanciones: la ley establece sanciones para aquellas personas o entidades que intenten obstaculizar o dificultar la denuncia de infracciones normativas y de corrupción, que van desde los 600.000 € hasta el millón de euros.
¿Cuándo entra en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero?
Aunque la norma entra en vigor el próximo 13 de marzo, hay varias fechas clave a tener en cuenta por las entidades a las que apela esta legislación:
- 13 de junio de 2023: esta es la fecha límite en la que las administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un sistema interno de información deberán tenerlo implantado. Desde la entrada en vigor de la ley en marzo de 2023, el plazo máximo para acometer esta acción son de tres meses, que finaliza en la fecha señalada en junio de 2023.
- 1 de diciembre de 2023: como excepción, para las entidades privadas con menos de 250 trabajadores/as y las corporaciones locales de municipios con menos de 10.000 habitantes, el plazo previsto para integrar el sistema interno de información se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.
¿Hay documentos que ayuden en la implantación?
Así es. La norma UNE-ISO 37002:2021 referida a la directrices del Sistema de gestión de la denuncia de irregularidades, proporciona orientación a las organizaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la denuncia de irregularidades, con los siguientes resultados:
- alentar y facilitar la denuncia de irregularidades
- apoyar y proteger a las personas denunciantes y otras partes interesasdas involucradas
- asegurar que las denuncias de irregularidades se traten de manera adecuada y oportuna
- mejorar la cultura organizacional y la gobernanza
- reducir los riesgos de irregularidades
En Plan B Group les podemos asesorar en el cumplimiento y certificación de esta norma de gestión.
Un equipo especializado al servicio del cumplimiento de la normativa
La transparencia es un valor que genera confianza y seguridad. Cuidar las obligaciones establecidas legalmente en esta materia resulta fundamental para mantener una buena reputación corporativa.
En Plan B Group contamos con un equipo especializado con experiencia en la gestión de acciones de transparencia en el ámbito público y privado. Entre las actividades que podemos desarrollar para asistir a las entidades en sus obligaciones de transparencia se encuentra nuestro servicio de asesoramiento para cumplimentar y remitir la Declaración de Transparencia y nuestro servicio de consultoría en la implantación de mecanismos dentro de las organizaciones que permitan el cumplimiento de la normativa nacional de antifraude y anticorrupción.
No obstante, hay que tener en cuenta que para la realización de este servicio será imprescindible una profunda implicación y proactividad, ya que la información a aportar y la implementación de los cambios son responsabilidad de la propia entidad.
Si tu organización necesita ayuda para efectuar las obligaciones en materia de transparencia o para implementar las medidas que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ¡ponte en contacto con nosotros! Nuestro equipo te ofrecerá un acompañamiento y asesoramiento personalizado para cumplir con la normativa.
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